Un espectro se cierne sobre América Latina, el espectro del necroliberalismo.

El Presidente salvadoreño Nayib Bukele dispara decretos seriales para mantener el estado de excepción y desaparecer personas. Justo antes de cada nueva orden ejecutiva que desde febrero de 2022 extiende el régimen de excepción, ocurren sospechosos repuntes en los homicidios que la justifican, denuncia el colectivo de búsqueda de personas “Desaparecidos SOS El Salvador”. Asimismo, el grupo destaca que las desapariciones han crecido en los últimos años: hubo 6,447 reportes entre 2019 y 2022 y, detrás de los números, podrían ocultarse voluntades políticas y dinámicas policiacas dirigidas a bajar la cifra de los asesinatos, lo cual ha sido el principal motor propagandístico del Presidente.

A raíz de que, en los primeros dos años de su administración, fracasó el intento de forjar un pacto con las bandas criminales, se decidió pasar al manodurismo punitivista y securitarista. Nada totalmente nuevo para el país centroamericano, pero el control gubernamental casi total sobre los demás poderes, sobre todo el judicial, junto con el régimen de excepción ampliado y los cambios legales, la contundente política 3.0 del mandatario y el estilo de comunicación emocional de la “marca Bukele”, hasta convertirla en mercadoría de exportación, ya son un giro inédito.

El gobierno encarcela masivamente y “tira la llave” de las celdas, abarrotadas de presos. Sitia barrios y comunidades, suprime la división de poderes e instrumenta una política de muerte y expulsión social, guiada por la cultura de la sospecha y la “intencionalidad criminosa”, que determinan la policía, los jueces y las fuerzas armadas con base en el color de piel, la pertenencia a un barrio o los tatuajes. Se instalan por ley la discrecionalidad acusatoria de autoridades y de avecindados en las comunidades para subvertir la presunción de inocencia. Con bombo y platillo en febrero se inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de América, con capacidad para 40,000 internos: su nombre establece una engañosa asociación del crimen común u organizado con el terrorismo, que es otra cosa, pero mediáticamente impacta y convence. Con base en esta experiencia, afianzando su avatar de “justiciero”, Bukele ha anunciado la creación próxima de un Centro de Confinamiento de la Corrupción, sin dar muchos detalles al respecto.

Gana terreno el juvenicidio, o el encerramiento correccional preventivo del juvenis sacer (el joven sacrificable, como lo conceptualiza el sociólogo José Manuel Valenzuela) como herramientas de control y “pacificación”. Las cifras gubernamentales de homicidios ya no consideran a los pandilleros muertos. La organización Acción Ciudadana ha documentado que la Fiscalía General de la República  salvadoreña ha ido perdiendo capacidad para obtener condenas, pese a la vigencia de la excepción, y que la impunidad directa ha crecido.

Las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos contra ciertos sectores racializados o estigmatizados en El Salvador durante este periodo probablemente ya tengan las características de crímenes de lesa humanidad.

La asociación Cristosal en El Salvador documentó 160 muertes al interior de las cárceles, que no duda en clasificar como crímenes de Estado, tan solo en el primer año del régimen de excepción: éste se configura como un dispositivo necropolítico para decidir quién debe morir y quien puede vivir. Además, ha perdido su excepcionalidad y se ha normalizado tras la aprobación de unos treinta decretos de reformas penales: las personas son perseguidas por quienes son y no por los actos que cometen, imponiéndose así el derecho penal del enemigo, como lo ha definido el jurista alemán el Günther Jakob.

Es decir, “con base en calificaciones vagas de agrupaciones ilícitas y terroristas, se tiende a perfilar dentro de este grupo a cualquier persona a criterio de la autoridad, en desmedro de la responsabilidad objetiva”, refiere la asociación en su informe “La excepción se volvió la norma”.

En entrevista para el medio salvadoreño El Faro, Zaira Navas, jefa de Derecho y Seguridad de la Ong, detalla que, de 55,000 personas capturadas en el primer año de excepción (hoy son más de 78,000, ver gráfica) sólo 90 fueron acusadas de homicidio. El resto son supuestamente colaboradores o pandilleros de base, así que no se estarían desmantelando realmente las estructuras delincuenciales y sus dirigencias, lo cual podría ser parte de otro tipo de “tregua”, o pacto de no beligerancia, entre el Estado y las pandillas, sigilado por el encarcelamiento masivos de jóvenes “desechables”, en pos de la gobernanza necroliberal.

Aun así, el apoyo popular interno a las medidas represivas es indudable. Se dice que ya no hay de otra, que el castigo funciona, que los pandilleros no merecen vivir o tener derechos, que los derechos humanos son para defender a criminales y que el país estaría caminando hacia una pacificación verdadera, entre otros “argumentos”. El Presidente invita a los inversionistas nacionales y extranjeros a apostarle al país porque las pandillas dizque estarían neutralizadas y el estado de derecho, para las empresas claro, sería más sólido que nunca.

Sin embargo, una pacificación estable, a largo plazo, no puede alcanzarse y nunca se ha alcanzado, por definición, bajo un régimen de excepción, inherentemente violento. Ni mediante la supresión de los derechos, el vaciamiento de la democracia, el justicialismo barato y la revancha social. Las medidas ponen en riesgo a cualquiera solo por su apariencia, creencias o filiación, independientemente de que haya cometido delitos.

En la Italia los años 20 y 30 del siglo XX, con el pretexto de eliminar la mafia siciliana, Benito Mussolini y el fascismo aplicaron políticas de mano dura, militarización y tortura en Sicilia, violando derechos humanos de forma planeada y reforzando los engranajes autoritarios de la dictadura, pero las mafias siguieron allí, sucesivamente hubo brotes extremos de violencia y, asimismo, volvieron a pactar un modus vivendi con la política. “La historia muestra que este tipo de justificaciones en lugar de solucionar los problemas criminales los agrava, al generar violaciones contra personas inocentes. El argumento de que son costos necesarios es incongruente y desproporcional al considerar que hay de por medio valores como la vida o la libertad”, explica Cristosal.

Necroliberalismo es un régimen de excepción normalizado, formado por reglas, técnicas y dispositivos que ejecutan necropolíticas, o sea cursos de acción y decisiones sobre quienes deben morir o vivir, o ser expulsados, en el contexto de democracias restringidas o vaciadas, y de políticas e ideologías neoliberales o libertarias de corte autoritario y tecnocrático.

Disfrazado de “lucha por la libertad”, como en la Argentina de Milei, el necroliberalismo tiene alto riesgo de contagio en otros países latinoamericanos, pues las pulsiones hacia la vigilancia y el castigo, sazonadas de admiración por la figura del justiciero, prometen efectividad ante las violencias y los atropellos que golpean muy duramente a las capas más vulnerables.

Los Estados son corresponsables de estas violencias, tanto directamente como por omisión y complicidad, pero el discurso de guerra identifica siempre un solo enemigo en algún sujeto “otro”, desviado o diferente, caricaturizado, cualquiera que sea su definición o naturaleza concreta.

Lo pensaría mil veces antes de justificar tales experimentos, aunque de momento se vendan bien, pues explotan la legítima desesperación de la gente y proyectan un imaginario de éxito y eficacia inmediatista, típico de la era tiktokera.

En estas condiciones, no hay nada que celebrar en los resultados que, en el corto plazo, la necropolítica bukeliana está dando, como la caída de los homicidios dolosos y de otros delitos, el crecimiento del turismo o la percepción de mayor seguridad en la población. Sería inquietante plantear soluciones semejantes para México, pero no tardarán las ultraderechas en reciclar la “marca Bukele”, que es un paquete atractivo para ciertos sectores, con fines electoreros.

Mientras tanto, el mandatario salvadoreño el 1 de diciembre se ha apartado de sus funciones en busca de su reelección en los comicios del 2024, aunque ésta sea inconstitucional: si la jugada le resultará favorable, el estado de excepción habrá servido también para estos fines políticos, además de allanar el camino al disciplinamiento social, funcional a la inversión extranjera, a un tipo de estado de derecho selectivo, y a la expulsión de “los desechables”.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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